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The International Commission against Impunity in Guatemala (Spanish: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG) was an international body charged with investigating and prosecuting serious crime in Guatemala. On January 7, 2019, the agreement between the United Nations and Guatemala was terminated by Guatemalan president Jimmy Morales, evoking CICIG's alleged participation in illegal acts, abuse of authority and acts against the constitution.[1] The UN rejected this unilateral termination,[2] and the country's highest law court ruled against the president's decision.[3] CICIG's term was scheduled to end in September 2019. Morales' decision, approved by the country's business elite,[4] triggered an institutional crisis in Guatemala, as the Constitutional court sided with CICIG.[5] Morales is being investigated concerning his campaign financing.[6][7]
The CIGIG helped Guatemalan law enforcement dismantle over 70 criminal structures between 2008 and 2019. According to a 2022 study, this may have prevented between 20,000–30,000 homicides over that period.[8]
Derivado de una nueva denuncia recibida en el Ministerio Público en febrero de 2018 en contra del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN, se estableció que el señor Jimmy Morales en su calidad de Secretario General no reportó al Tribunal Supremo Electoral –TSE-la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral. Los fiscales de esa organización política, participaron en su representación los días 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales de ese mismo año, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.
La Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala ha develado importantes casos de corrupción el país que salpican a cuatro expresidentes y ha señalado a Morales por financiamiento electoral ilícito. Hay dos incidentes que salpicaron a Morales con la corrupción. El primero fue en mayo de 2017 cuando el hijo y el hermano de Morales fueron acusados de corrupción. Ambos se declararon inocentes y el presidente dijo que respetaba la justicia. Pero meses después tanto la Cicig como el Ministerio Público solicitaron un antejuicio contra Jimmy Morales para que fuera investigado por presuntas transacciones ilegales en su partido.