«Lo que Diógenes quería
encontrar con su mechero,
en Picasso, el justiciero,
nuestro país poseía.
Y así, al escuchar su nombre,
orgullosa y placentera,
dice al mundo España entera:
"¡Es mi hombre!"»
El Expediente Picasso es el nombre con el que se conoce al informe redactado por el general Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, máximo órgano de la jurisdicción militar, en relación con los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921, conocidos como el «Desastre de Annual».
Al año siguiente el general Picasso presentó sus conclusiones al Consejo Supremo de Guerra y Marina en un resumen de cuatrocientas páginas. El gobierno presidido por el conservador José Sánchez Guerra decidió entonces llevar el Expediente Picasso al Congreso de los Diputados, donde se formó en julio de 1922 una primera Comisión de Responsabilidades. Esta presentó su dictamen (en realidad fueron tres) a las Cortes en noviembre, dando lugar a un intenso debate. De hecho durante ese tiempo el Expediente se convirtió en el problema político más importante del país. En julio de 1923 se formó una segunda Comisión de Responsabilidades que no pudo emitir ningún dictamen porque se lo impidió el golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923. Primo de Rivera cerró las Cortes y dio carpetazo al Expediente.
La Segunda República Española, proclamada en abril de 1931, volvió a formar una nueva Comisión de Responsabilidades que se centró en la actuación del exrey Alfonso XIII, que fue condenado in absentia por «alta traición» en noviembre de 1931. Las nuevas Cortes surgidas de las elecciones de noviembre de 1933, con mayoría del centro y de la derecha, pasaron el asunto al Tribunal Supremo pero este dictaminó el 9 de julio de 1935 el archivo de la causa porque no se apreciaban más hechos punibles que los ya juzgados (la única sentencia dictada por el «Desastre de Annual» había sido el arresto militar de seis meses del general Dámaso Berenguer). Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas «al juicio de la historia, y sólo exigibles por la opinión pública o por medio de sus órganos representativos».[1][2] Aquí acabó el recorrido judicial (y político) del Expediente Picasso.
- ↑ Balado Insunza, 2021, p. 92-93.
- ↑ Recio García, 2018, p. 63; 75; 77.