Nayib Bukele | ||
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Retrato oficial, 2019 | ||
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60.º presidente de la República de El Salvador Actualmente en el cargo | ||
Desde el 1 de junio de 2019[nota 1] | ||
Junto con |
Claudia Rodríguez de Guevara Encargada del despacho presidencial desde el 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 | |
Gabinete | Gobierno de Nayib Bukele | |
Vicepresidente | Félix Ulloa | |
Predecesor | Salvador Sánchez Cerén | |
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Presidente pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana | ||
5 de junio de 2019-18 de diciembre de 2019 | ||
Predecesor | Jimmy Morales | |
Sucesor | Juan Orlando Hernández | |
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Alcalde de San Salvador | ||
1 de mayo de 2015-30 de abril de 2018 | ||
Predecesor | Norman Quijano | |
Sucesor | Ernesto Muyshondt | |
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Alcalde de Nuevo Cuscatlán | ||
1 de mayo de 2012-30 de abril de 2015 | ||
Predecesor | Álvaro Rodríguez | |
Sucesor | Michelle Sol | |
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Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Nayib Armando Bukele Ortez | |
Nacimiento |
24 de julio de 1981 San Salvador (El Salvador) | (43 años)|
Residencia | San Salvador | |
Nacionalidad | Salvadoreña | |
Religión | Cristianismo[3] | |
Lengua materna | Español | |
Familia | ||
Padres |
Armando Bukele Kattán Olga Marina Ortez | |
Cónyuge | Gabriela Rodríguez (matr. 2014) | |
Hijos |
Layla (n. 2019) Aminah (n. 2023) | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político y empresario | |
Años activo | desde 2011 | |
Salario | 3467.43 USD (2021 neto)[6] | |
Patrimonio | 2 548 967 USD (2021)[6] | |
Partido político |
Nuevas Ideas (desde 2023)[4] Gran Alianza por la Unidad Nacional (2018-2023)[5] Cambio Democrático (2018) Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (2011-2017) | |
Distinciones |
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Firma | ||
Nayib Armando Bukele Ortez (San Salvador, 24 de julio de 1981) es un político y empresario salvadoreño de ascendencia árabe palestina.[7] Es el presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, cuando sucedió en ese cargo a Salvador Sánchez Cerén.[8] Gozó de una licencia de la función pública aprobada por la Asamblea Legislativa vigente desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo de 2024, para poder participar en las elecciones presidenciales según lo establecido en la sentencia 1-2021 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, periodo en el cual Claudia Rodríguez se desempeñó como encargada del despacho presidencial. [9]Tras su reelección, asumió su segundo mandato desde el 1 de junio de 2024.[10]
Antes de llegar a la presidencia, fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán el 11 de marzo de 2012 y, posteriormente, de San Salvador el 1 de marzo de 2015, ambos cargos bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).[11][12] Las discrepancias y los conflictos con ese instituto político provocaron que en 2017 fuera expulsado;[13][14][15] con apoyo de sus seguidores, en 2018 fundó su propio partido, Nuevas Ideas.[16] Buscó postularse para presidente de la República en las elecciones de 2019 con Cambio Democrático (CD), un partido político de centroizquierda; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral disolvió a CD por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,[17] lo que le obligó a participar con la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), de centroderecha.[18] Resultó elegido al obtener mayoría absoluta con 1 434 856 votos (53.10 %), sin necesidad de una segunda vuelta.[19] Es el primer presidente, desde el final de la guerra civil, que no representa a ninguno de los dos partidos principales (ARENA o FMLN) que habían gobernado desde 1989.[20]
El 20 de junio de 2019, Bukele lanzó el «Plan Control Territorial» con el fin de combatir altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país.[21] En 2020, la tasa de homicidios intencionales de El Salvador disminuyó 51.3 % en comparación a 2019. Sin embargo, este plan ha sido cuestionado por investigaciones periodísticas que señalan negociaciones entre funcionarios del gobierno de Bukele con las tres principales pandillas en El Salvador.[22][23] Aunque Bukele atribuyó la disminución de asesinatos a su despliegue de miles de policías y soldados en los bastiones de las pandillas y al aumento de la seguridad en las cárceles, su gobierno fue acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de negociar en secreto con la Mara Salvatrucha (MS-13) para reducir el número, lo que, entre otras cosas, ha deteriorado las relaciones diplomáticas entre ambos países.[24][25][26][27] El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, por solicitud del Ejecutivo, declaró régimen de excepción ante la ola de los homicidios en días anteriores;[28][29] a esta estrategia de Bukele para combatir las estructuras pandilleriles se le conoce como «guerra contra las pandillas» y se le atribuye una reducción del 56.8 % en las tasas de homicidios de 2022 en comparación con 2021.[30] Las medidas implementadas —regímenes de emergencia decretados en los centros penales, limitación de comunicaciones y la política de cero tolerancia contra el crimen— han generado críticas de organismos de derechos humanos,[31] pero han sido bien recibidas por los salvadoreños, de los cuales el 85 % califica de manera positiva las actividades en el área de seguridad y el 91 % está de acuerdo con las medidas tomadas contra los grupos terroristas, según una encuesta de CID Gallup.[32]
El 9 de febrero de 2020, Bukele acudió a la Asamblea Legislativa acompañado por una escolta militar para solicitar fondos para la continuidad del Plan Control Territorial. El Legislativo anteriormente no se los había aprobado ni había reconocido la convocatoria de una sesión extraordinaria. Como resultado de lo que la oposición política denomina «autogolpe de Estado», la Asamblea Legislativa creó comisiones especiales para interpelar a los funcionarios involucrados.[33] Bukele es calificado frecuentemente como «autoritario», aunque las acusaciones no impidieron que Nuevas Ideas y partidos aliados ganaran las elecciones legislativas y municipales de 2021.[34][35] Desde entonces la oposición le señala estrategias de concentración de poder como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República, la habilitación de la reelección presidencial, la adopción del bitcoin y la reducción de cargos de elección popular.[36][37][38][39][40]
Ante la crisis financiera mundial generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, aplicó medidas económicas que pretendían reducir el impacto en la economía del país, entre ellas la suspensión de impuestos a la gasolina.[41] Además, se comprometió a castigar a los transportistas que aumenten indebidamente el costo de la tarifa establecida, obligándolos a devolver ganancias adicionales.[42][43]
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