La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; a través de la creación de leyes, reglamentos, instituciones. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y tratados a plenitud".[1] Según la misma OMS, “requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así que nos permitan tener una adecuada calidad de vida y la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia".
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud sexual como "la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad."[2] Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse y mantenerse la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales de todas las personas. En efecto, para lograrla, la OMS asegura que se requiere un "enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.".[3]
La Situación de la Salud Sexual y Reproductiva se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como una de sus metas y objetivos lograr un México incluyente, que garantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales de toda la población; que transite hacia una sociedad equitativa e incluyente; y que asegure el acceso a los servicios de salud. Derivado de esta meta, el Programa Nacional de Población plantea “ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres”; en el que se considera a la salud como un factor indispensable para el desarrollo óptimo y a la salud sexual y reproductiva como un componente fundamental del bienestar y libertad de las personas. Es por ello, que a través del análisis y difusión de los indicadores asociados a la ssr se busca mejorar y actualizar la información disponible para coadyuvar al diseño, seguimiento y/o evaluación de políticas públicas, programas y estrategias, siempre con un enfoque de pleno respeto a los derechos humanos de los individuos, sobre todo de aquellos en situación de vulnerabilidad.